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Pagos de Derechos Patrimoniales

Servicios bancarios para el pago de Derechos de Autor

 Usuarios de la música:

Para su comodidad hemos dispuesto una red de servicios bancarios donde puede realizar los pagos de Derechos Patrimoniales de Autor por el uso de obras, en las diferentes modalidades autorizadas por SAYCO.

A continuación relacionamos las entidades y las cuentas donde usted puede consignar su pago:

De la misma manera, en nuestra Sede Administrativa ubicada en la calle 95 No.11-31 en Bogotá, usted puede utilizar el servicio de datáfono para las tarjetas débito y crédito Visa, MasterCard y American Express.

Además, para mayor cobertura y facilidad en sus transacciones de pago, disponemos del punto de pago PSE, al cual puede acceder desde la comodidad de su hogar u oficina, simplemente visitando nuestro sitio web www.sayco.org

 

 

Atte,

Sociedad de Autores y Compositores de Colombia

 

SAYCO

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Tipos de Derecho

Qué se entiende por ejecución pública?

Se trata de uno de los derechos de explotación económica de la obra autoral musical comprendido dentro de la noción de la comunicación pública. El artículo 15 de la Decisión Andina 351/93 trae la siguiente definición: “Se entiende por comunicación pública, todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, y en especial las siguientes: “a.Las representaciones escénicas, recitales, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales, mediante cualquier medio o procedimiento,” (subrayado fuera del texto original). La ejecución pública es aquella que trasciende o sale del domicilio privado, del ámbito doméstico, hogareño o familiar del utilizador o usuario, en los sitios relacionados en el artículo 159 de la Ley 23 de 1982 referidos en el punto noveno. Al respecto la Dirección Nacional del Derecho de Autor, la define así: “Es aquella que trasciende los límites del hogar y de los miembros de la comunidad doméstica, en forma tal que pueda ser gozada o disfrutada por personas del público en general (artículo 158 de la Ley 23 de 1982, artículo 15 Decisión 351 de 1993).”. (tomado del libro GENESIS Y EVOLUCION DEL DERECHO DE AUTOR publicado por la Dirección Nacional del Derecho de Autor, página 71).

Por qué medios o procedimientos se genera la ejecución pública de una obra musical?

El artículo 158 de la Ley 23 de 1982 lo expresa muy claramente cuando dice: ”La ejecución pública, por cualquier medio, inclusive radiodifusión, de obra musical con palabras o sin ellas, habrá de ser previa y expresamente autorizada por el titular del derecho o sus representantes” A su turno el artículo 15 de la Decisión Andina 351/93, al explicar el concepto de comunicación pública, en el literal i) expresa que la constituye “En general la difusión, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes.” Aclaramos que el artículo 15 citado consagra, además, distintas operaciones que conforman casos particulares de comunicación pública.

Qué es la ejecución pública en vivo?

Es una forma de comunicación pública directa (“en vivo”) caracterizada siempre por la presencia de los artistas intérpretes frente a un público que se encuentra presente. Así lo expresa en algunos pasajes el artículo 159 de la Ley 23/82: la que se realiza en “salas de concierto….. “y en fin donde quiera que se interpreten o ejecuten obras musicales…. “con la participación de artistas.”.

El empresario u organizador o quien preste su apoyo es quien cancela los derechos de autor, cuya distribución efectúa la Sociedad teniendo en cuenta las planillas de obras comunicadas o ejecutadas en el espectáculo público, en la proporción señalada en el punto 41. Ejemplos de dichos eventos son: conciertos, bailes, casetas, verbenas, o similares.

Por qué se tiene que pagar la ejecución pública de la música?

La ejecución pública, como ya vimos, es una forma de comunicación de las obras musicales. La remuneración de las obras musicales, se debe entender en el sentido que el autor goza de la facultad exclusiva de realizar por sí o autorizar a terceros la explotación económica de la obra, lo que le permite convenir las condiciones en que se efectuará la utilización de ella y obtener una contraprestación o beneficio económico. Lo anterior lo lleva a cabo a través de SAYCO, a quien faculta cuando se afilia directamente o por pertenecer a una sociedad extranjera con la cual tenga suscrito el contrato de reciprocidad. Los derechos de autor son producto del esfuerzo y de la actividad intelectual de quien crea la obra: el autor persona natural. Se trata de una propiedad especial, sui generis, distinta de la propiedad común, que comprende facultades exclusivas oponibles contra todos de contenido moral y patrimonial.

Las facultades morales tutelan la personalidad del autor en relación con su obra y consisten en prerrogativas amplias con las características de perpetuas, irrenunciables, inalienables e inembargables (artículo 30 de la Ley 23/82 y 11 de la Decisión Andina 351/93).

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Proyectos de ley

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Fomento Música Colombiana

CONSIDERACIONES GENERALES   

El desarrollo social, económico, político y cultural de los pueblos depende en gran medida de la forma como el Estado recoge, procesa y desarrolla las necesidades sociales del ser humano a través de sus diferentes instancias institucionales.

Desde el mismo momento en que las creaciones del talento y del ingenio humano (incluidas las obras literarias y artísticas) se convirtieron en factores importantes para el desarrollo de los pueblos, el Estado ha dispuesto mecanismos para proteger los derechos de sus autores/as. En esa materia Colombia cuenta hoy con una legislación avanzada dentro del concierto de las naciones latinoamericanas, que incluye la adhesión a los principales tratados internacionales en la materia.

Sin embargo, tal protección de los derechos de autor no ha estado acompañada de una real y efectiva divulgación de las creaciones de autores/as colombianos/as, situación que redunda en desmedro de nuestra identidad cultural. Cada día disminuye más la difusión de las obras de nuestro patrimonio cultural, entre ellas las musicales.

Esta situación ha llevado a que el Congreso expida leyes para la promoción y protección de sectores específicos de autores/as colombianos/as. Por ejemplo, en 1993 aprobó la ley 98 conocida como Ley del Libro; y en el año 2003 aprobó la llamada Ley del Cine (ley 814), que sin duda han dado un gran impulso a estas actividades.

No obstante, el país carece de una legislación específica para el fomento y la promoción de la música.

La proliferación en nuestro país de música foránea (anglo, mexicana, rap, hip hop, reggae, reggaetón, etc.) que inunda día a día los medios de comunicación masiva, (emisoras, programadoras, internet, ring-tones, etc.) viene menguando nuestra cultura musical, a la vez que atenta contra los intereses económicos y artísticos de sus autores/as, compositores/as, interpretes y ejecutantes.

Es preocupante ver como Colombia ha perdido buena parte de su identidad musical, construida a través del folclor y de la música popular y autóctona, reemplazados por la música extranjera que prefieren nuestros jóvenes, quienes desconocen la vida y obra de los grandes autores/as e intérpretes que han engrandecido a nuestro país. Los aires folclóricos de nuestras costas y del llano, así como la música popular de la región andina, cada día merecen menos atención en los medios de comunicación, desplazados por ritmos que en nada reflejan nuestras tradiciones y costumbres.

Y una de las consecuencias de la sustitución de nuestros valores musicales es el deterioro de las condiciones de vida de los autores/as, compositores/as e intérpretes nacionales.

Por eso, las aspiraciones artísticas y la esperanza de un mejor futuro para los creadores/as nacionales constituyen el fundamento de este proyecto. Sin duda, la mayor divulgación de sus obras y el fomento y desarrollo de la industria musical colombiana contribuirán a su bienestar y les permitirá llevar una vida digna.

Al mismo tiempo, con esta iniciativa se cumple el mandato contenido en los artículos 70 y 71 de la Constitución, que disponen:

“Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación”.

“Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades”.

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Boletín Jurídico Septiembre 2009

SAYCO INICIA ACCION DE GRUPO

Como inmediata reacción ante sociedades que de manera ilegal atacaban los intereses de autores y artistas, SAYCO emprendió las acciones legales necesarias para salvaguardar y defender a sus asociados.

Los autores y artistas no están solos. Esto quedó demostrado una vez más dada la reacción inmediata de SAYCO ante sociedades y personas que de manera ilegal atacaban los intereses de sus asociados. Se trata del señor Jorge Alonso Garrido Abad y de las sociedades ASDAYC y ACSDAIC, y entre las tantas que este señor ha creado; quienes estaban recaudando de manera subrepticia los derechos de autor principalmente en los departamentos de Risaralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Tolima, burlando así los mecanismos legales existentes para protegerlos.

Siempre actuando de manera oportuna y eficaz, SAYCO atendiendo la iniciativa de los autores de la región socios de SAYCO y afectados; acudió el pasado mes de agosto a las instancias correspondientes, entablando una Acción de Grupo en contra de las mencionadas Sociedades y del señor Jorge Alonso Garrido Abad, con el propósito de obtener una declaración judicial que, por un lado, los obligue a compensar los perjuicios económicos causados a los Autores y Compositores nacionales y extranjeros y, por el otro, les ordene el cese inmediato de las actividades de recaudo de derechos, promoción de la actividad recaudadora, desinformación, inducción a error a los usuarios de las obras musicales y expedición de paz y salvos para la comunicación pública de las obras.

Aun cuando la acción hasta ahora se encuentra en sus etapas iniciales, SAYCO tiene la certeza de obtener un resultado positivo que redunde en beneficio de quienes se han visto afectados por esta situación y que, adicionalmente, su actuación creará un precedente en la sociedad para que vulneraciones como estas no vuelvan a presentarse.

En informaciones posteriores se seguirá dando seguimiento a esta importante iniciativa protectora de los derechos de autor.

SANCION DE CENSURA PARA JORGE ALONSO GARRIDO ABAD

El pasado mes de julio, el Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria, confirmó la decisión adoptada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Risarlada, en el sentido de imponer sanción de censura al abogado Jorge Alonso garrido Abad. Es de anotar que el señor Garrido Abad es el representante legal de entidades como ASDAYC, ACSDAIC, OGA, entre otras.

Procedió la Sala a conocer la apelación formulado contra la sentencia proferida el 15 de abril de 2009 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, con ponencia del Magistrado Gustavo Adolfo Ledesma Henao, mediante la cual sancionaron al abogado Jorge Alonso Garrido Abad, tras hallarlo responsable de la falta contra el respeto debido a la administración de justicia contenida en el Artículo 50 de Decreto 196 de 1971, hoy articulo 32 de la ley 1123.